*Por Claudia Alvarez Ferreyra

Gladis  tiene 48 años, vive en un barrio de J. V. González. Desesperada y agobiada por la situación económica en que se encuentra, cuenta  entre lágrimas,  que debe realizarle una eco doppler a su nietito de 6 años, y con el aumento excesivo de la boleta del servicio de energía eléctrica se ve en la disyuntiva de pagar lo uno o lo otro, porque los ingresos de su hogar se han vuelto insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

La vecina dice: “le andábamos haciendo los estudios para la escuela,  decidimos hacerle el electro, le sale que tiene soplo al corazón. El Dr. me pidió que le haga una eco doppler, para ver si se puede disipar o qué tratamiento se puede hacer. Me sale $1000. La luz $2100. Y ahora con lo que tengo que pagarle para él y  comprarle los útiles, no me alcanza”.

La mujer es pensionada, tiene problemas de salud, una hernia en el 5to disco y aplastamiento de columna. Trabajó toda su vida de empleada doméstica, “en negro”, sin derechos laborales ni seguro médico. Pasados los años se ve imposibilitada de volver a esa  labor.  “Tengo una pensión de  $3500 y ahora cobré $2800, no sé por qué”, expresa. Vive con su hijo de 28 años, que trabaja de manera informal, haciendo labores de construcción, ahora le pagan “$1300 por semana”: “presentó papeles para entrar al ferrocarril y no entró. Hasta el momento no le llaman”.  Su nuera no tiene empleo, y  deben mantener a dos niños pequeños de 3 y 6 años. Mientras tanto, hacen cosas dulces para vender con lo que les donan algunos vecinos, “hago maicenitas, masitas”, cuenta.

La familia no tiene obra social. En el Hospital Público Dr Oscar H. Costas no realizan estudios de eco doppler, el cardiólogo en el centro de salud privada Medicenter les cobra $1000. Al preguntarle si acudió al servicio social del Hospital o a la Cooperadora Asistencial Municipal cuya titular es la Lic.    en Trabajo Social Adelina Cuellar, responde que fue a  la municipalidad pero no la atendieron bien y “no quisieron” ayudarla.  Las empleadas le habrían manifestado que Cuellar no estaba y que desde la Municipalidad “no están ayudando, que no hay fondos”.  Les habría pedido al menos ayuda con mercadería pero tampoco obtuvo nada.

La mujer plantea: “realmente necesito. Entre unas cuentas que tenía, remedios, no me alcanza, o pagamos la luz o guardamos para pagar la consulta el próximo jueves”.  El mes pasado la boleta de Edesa le vino a $1300, ahora a $2100 y según detalla no tienen muchas cosas, solo “un ventilador, una heladera y tres focos”.

Gladis está enferma, se tiene que operar por un problema en su espalda aunque no lo puede hacer por la falta de recursos “para hacerme operar tengo que tener plata, en el hospital hay que comprar todo, hasta una inyección”. Aún en su condición dice que quiere buscar trabajo, pero no  hay ofertas laborales en la zona. Su pedido es el siguiente: “Que me ayuden a conseguir lo que necesita mi nieto, por la salud de él. Y un trabajo para mi hijo con obra social, yo ya no doy más […] Con la edad que tengo, antes por lo menos nos alcanzaba, salíamos a vender y se vendía”. La vecina dice que ya ni siquiera pueden comprar fruta o yogur para los chicos. Con su nuera saben hacer cosas dulces para vender. Para colaborar con ellas pueden hacerlo donándoles: “huevo, azúcar y  harina”.

Teléfono de contacto para ayudarles: 0387715453589

Las crisis económicas generan una precariedad de la vida que afecta en mayor medida a las mujeres.  Además, un estudio de la UNSa revelaba el año pasado que Anta es  uno de los departamentos donde se presenta la mayor cantidad de niños/as y adolescentes con necesidades básicas insatisfechas.  La situación de Gladis y su familia no puede entenderse de forma aislada sino en ese contexto.  

Anta es conocido por las grandes empresas agrícolas y  ganaderas que explotan los recursos naturales y concentran la riqueza de la zona, sin embargo miles de personas sufren la pobreza estructural. La situación de muchas familias se agrava con la quita de subsidios a los servicios básicos, los tarifazos, el desempleo, los bajos salarios, etc.  El “sinceramiento” gubernamental a nivel nacional no está yendo de la mano de la inclusión ni generando fuentes de trabajo sino todo lo contrario. Las víctimas de este sistema injusto son siempre los/las  pobres, los/las indigentes, los/las excluídos/as. El neoliberalismo atroz,  en el afán de maximizar ganancias para pocos condena a gran cantidad de personas a sobrevivir en la absoluta miseria. Las autoridades políticas a nivel departamental ni municipal, no parecen muy interesadas en buscar alternativas ni en gestionar soluciones a los problemas puntuales de quienes no pueden acceder a derechos básicos como la salud, o un trabajo digno.

 

(foto ilustrativa)

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