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La Inversora Juramento S.A. deforestó bosques nativos de forma ilegal

Según Greenpeace, la Inversora Juramento S. A. arrasó impunemente con 700 hectáreas de bosque nativo en una zona protegida. El secretario de Ambiente de Salta sostuvo que fueron 500 ha y justificó el desmonte diciendo que “las maquinitas se desfasaron en lo que tenían que hacer”.

La organización dio a conocer esta semana una denuncia en la que afirman haber detectado mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.

Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I – rojo y II – amarillo, que no permiten desmontes.

Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.

El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar”, señaló Cruz

Los Bañados del Quirquincho se encuentran en terrenos llanos de baja pendiente en la zona transicional de la cuenca de los ríos Dorado y del Valle con el Bermejo. Están conformados por bosques densos de algarrobos y quebrachos, palmares, totorales, y pastizales inundables. Poseen especies amenazadas como el tapir, el tatú carreta, el ñandú, el ganso del monte y el águila coronada.

Desde el Gobierno de la provincia confirmaron la deforestación ilegal, pero discreparon en la cantidad de hectáreas: “son cerca de 500 ha”, dijo a LA GACETA el Secretario de Ambiente, José Cornejo Coll. En el medio citado, el funcionario ratificó la información de las fincas y sus responsables, pero advirtió que fue la misma empresa la que admitió que “cometió un error” y presentó un plan de remediación y restauración. “No surgió a partir de la denuncia de Greenpeace”, acotó.

Según el Secretario de Ambiente se está evaluando el proyecto de remediación ambiental, que demandará el monitoreo de aproximadamente 15 años, un tiempo en el que se estima podrán regenerarse los bosques. “Son tres fincas distintas que estaban habilitadas en ciertas partes y cuando estaban haciendo tareas de limpieza se pasaron a otros lotes… En teoría, las maquinitas se desfasaron en lo que tenían que hacer y ellos se presentaron para remediar, a diferencia de otras que hacen desmontes ilegales con fines productivos”, justificó.

(Foto de Jorge Brito: Periódico Motivar)

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