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Anta | El campo olvidado

Un nuevo informe de la FAO sostiene que en dos años 2 millones de latinoamericanos pasaron a engrosar la cifra de pobres rurales. La explicación se basa en el retiro de políticas estatales.

“La base del problema es que nos hemos olvidado del campo. Veníamos avanzando muy bien en la década pasada y de repente, pusimos atención en otro lado; a lo mejor pensamos que ya estaba solucionado el problema. Y si quitamos el foco, vamos para atrás”. Las palabras de Julio Berdegué, representante de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en la región, se dieron en el marco  de la presentación del informe de la entidad.

Los datos tienen su base en los relevamientos dispuestos entre 2014 y 2016 y sostiene que al menos “dos millones de latinoamericanos pasaron a engrosar la cifra de pobres rurales, un crecimiento que no se veía desde el año 2008, en ese caso, por culpa de los efectos de la crisis financiera internacional. La pobreza extrema en el campo también aumentó: del 20% al 22,5% de las personas que viven en áreas rurales”.
Si bien los números parecen de pequeños márgenes, la preocupación se genera porque es la primera vez en años que estas cifras se empiezan a engrosar. Y es que “entre 1990 y 2014, la región consiguió reducir la pobreza monetaria rural en casi 20 puntos, de un 65% a un 46,2%; y la extrema rural, de un 40,1% a un 27,5%. Pero a partir de 2012 se inició un periodo de estancamiento que fue seguido de un retroceso en los últimos dos años con datos disponibles”.

Un despojo, mil historias

En Salta, Anta es el departamento en donde los desalojos terminaron más silenciados que en otras zonas de la provincia. En la zona reina el modelo del agronegocio que avanzó en tierras privadas y fiscales, y hasta en la desafectación de áreas protegidas para desmontar, como lo fueron los ex lotes fiscales 55 y 14. Es el sitio en donde se empezó a idear la Ley Nacional de Bosques Nativos por aquello que pese a ser considerado una aberración ambiental, siguió adelante con el aval de los tres poderes estatales que, por un lado pusieron límites y por el otro permitieron que sean traspasados.
Uno de los tantos ejemplos es el de Valentín y Dolores Alvarez, y Gerardo Díaz, quienes hasta el 29 de septiembre pasado ocupaban y trabajaban unas 600 hectáreas de Finca El Líbano, ubicada en Anta. El desalojo fue decidido por la jueza de Metán, Olga Sapag, y ratificada por los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Graciela Carlsen y Gerardo Ruiz. El recurso extraordinario ya fue rechazado por la Corte de Justicia de Salta. Con esto, la Justicia salteña dio la razón a Sergio López quien consiguió las tierras en la que vivía gente adentro por intermedio de la compra de papeles a una anterior empresa que las había comprado en 1982 a los padres de los Díaz. Pero la familia nunca se fue y en 2009, López inició un juicio de reivindicación tras haber comprado los derechos de la empresa Esege.
A más de 36 años de aquella venta que nunca tuvo una posesión y pese a la ley 7658 que suspende los desalojos de campesinos, se decidió el desalojo de los Díaz. Pero en el medio también fue desalojado Valentín Alvarez, de 63 años, quien hace 20 años trabajaba con los Díaz y, por lo tanto, la tierra en la que vivía. Incluso en un principio se acusó también a Valentín de usurpar un lugar de una zona de la que es nativo, y que trabajó desde los 13 años. Alvarez fue relevado en el Registro de Pequeños Productores de la provincia. Pero eso tampoco importó en la decisión ratificada de la Justicia, ni fue suficiente para un acompañamiento acorde por parte del ejecutivo provincial.
En medio de tanta discusión formal-legal que se apropian quienes administran Justicia, las resoluciones se plantan lejanas de aquello que se entiende como justo.
Ante ello, la importancia de disputar el accionar judicial desde lo político y poner la semilla basal de esa postura al costado de la ruta 5, donde Valentín y su hermano Dolores, junto a Gerardo Díaz y sus 10 hermanos empezarán a resistir esas decisiones acompañados por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MCNI) en la construcción necesaria de todos aquellos que sufrieron los desalojos en Anta, y que aún hoy siguen al costado de la ruta.

Ahondar en la pobreza rural

El documento de la FAO introduce 5 grandes soluciones a la pobreza rural: “Sectores agrícolas eficientes, incluyentes y sostenibles. Se refiere a inversión en bienes privados y públicos agrícolas, acceso seguro a la tierra, mejor formación en el campo, gestión de riesgos”. El contraste, es que los desalojos en Salta continúan.
“Protección social ampliada. El estudio propone proteger y aumentar esta cobertura y fomentar que se combine con programas productivos”. Solo resta mencionar la desaparición del Monotributo Social Agropecuario (MSA).
“Gestión sostenible de los recursos naturales. Fortalecer la resiliencia de las poblaciones rurales y vincular las políticas de reducción de la pobreza a la sostenibilidad ambiental”. La destrucción de los bosques es palpable pese a todas las leyes que se supone, deberían detenerlas. Las políticas de ayuda a las poblaciones menguaron con la quita de recursos humanos en dependencias estratégicas como la Secretaría de Agricultura Familiar.
“Empleo rural no agrícola. Muchos empleos en el campo no se dan directamente en la agricultura, así que los autores del estudio ven necesario fomentar programas que permitan aumentar el comercio entre zonas rurales y urbanas y explorar otros en sectores que vayan más allá de turismo, artesanías y empleo en obras públicas, que son los más frecuentes”. La lógica sigue siendo cosechar, exportar y ganar dólares a costa de, en muchos casos, trabajo esclavo.
“Paquetes integrados de infraestructura. Los proyectos independientes de agua, saneamiento o electricidad son positivos, pero lo que realmente cambia las realidades son proyectos integrados de servicios públicos”. En la provincia, casi un imposible.

Fuente: VOVE

 

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