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Anta | Candidato a intendente denunciado por un disparo con arma de fuego y amenazas contra un trabajador

Un trabajador denunció a Luciano Saravia, ahora candidato a intendente de El Quebrachal, por amenazas y tentativa de homicidio. Pasaron 5 días y no se conocen medidas de la fiscalía penal para investigar el caso.

De nuevo, Luciano Saravia, ahora candidato a intendente de El Quebrachal aparece denunciado por un delito y la fiscalía penal a cargo de Gonzalo Gómez Amado no tomó ninguna medida. La denuncia es por amenazas y tentativa de homicidio contra un trabajador rural, le habría disparado con un arma de fuego. Hasta el momento no se ordenó ningún allanamiento, no se le secuestró el arma, tampoco fue imputado, y sigue en libertad. Pero esto no es todo, los hechos ocurrieron en las tierras de la Empresa Agropecuaria Andorrana, ubicada entre Talavera  y Tolloche, donde Saravia se dice poseedor de unas hectáreas, inició una explotación forestal ilegal talando árboles de quebracho colorado y blanco sin los permisos de la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia, que en años anteriores al hacer observaciones en el lugar le habría prohibido hacer esto. Para el trabajo de tala de árboles y sacar los postes, además, una fuente consultada asegura que Saravia llevó a un grupo de personas que estarían en condiciones de extrema vulnerabilidad y precarización laboral en el lugar. La policía rural sí intervino con el secuestro de madera y 207 postes ya labrados a punto de ser sacados por caminos alternativos para su comercialización.

José Dante Cañete (51) denunció en el destacamento policial de Talavera el 17 de junio a Luciano Saravia. Cañete dejó expuesto que se encuentra trabajando en la Empresa Agropecuaria Andorrana, limpiando un camino con máquina Traca bato traccionado sobre goma. Alrededor de las 14hs estaba realizando el mantenimiento de esa máquina junto a su socio y su hijo, “se hizo presente Luciano Saravia sin saludar, de muy mala manera y eufórico empezó a voracear diciendo ‘qué hacen uds. aquí y por autorización de quien’”. Cañete contestó que se encontraban limpiando los caminos existentes por autorización y contratado por Andorrana. Saravia habría respondido “esto es mío y de mi propiedad”. Cañete habría proseguido con su trabajo dándole la espalda a Saravia e ignorando lo que hablaba, cuando se dirige a su camioneta particular a buscar una herramienta, escucha “la detonación de un disparo de arma de fuego, observando que impactó en el suelo a la par de su pie”. Cañete le ordena a Saravia que se vaya del lugar, “a una distancia de 10 metros” y le habría manifestado que cuando terminara de realizar el mantenimiento de la máquina se iba a retirar. Saravia permanecería en el lugar “exhibiendo el arma y apuntándole al cuerpo”. Después se iría “amenazando, diciendo que iba a volver con su gente”.

Cañete dejó constancia en la denuncia de que estaba guardando las herramientas para retirarse cuando encontró una vaina servida del disparo que realizó Saravia, llamó a su hijo para que filmara con el celular mientras la levantaba como prueba de lo sucedido. Luego decidieron irse por temor a que Saravia regresara al lugar y efectivizara sus amenazas que también habrían sido dirigidas a la familia de Cañete quien dejó asentado que Saravia conoce su domicilio.

Desde el  lunes 17 de junio en que se radicó la denuncia hasta hoy viernes 21, la cuestionada fiscalía de Anta no tomó medidas contra Saravia. La protección judicial del denunciado en la zona ya fue expuesta antes en otros casos que llegaron a los medios de comunicación.

Los organismos correspondientes deberán investigar las condiciones en las que un grupo de personas se encuentra trabajando en el lugar. Fuentes reservadas informan a este medio que habrían sido llevadas por Luciano Saravia para sacar la madera y postes y que estarían en condiciones insalubres,  de extrema vulnerabilidad y precarización, que rozaría la explotación laboral, en negro y sin ART.


Una fuente sostuvo a este medio que hace dos años Luciano Saravia ya tuvo un apercibimiento por la Secretaría de Medio Ambiente en una inspección que le hicieron. Pese a ser una figura de poder en la zona y candidato a intendente en este año electoral, inició un juicio posesorio contra Andorrana, y las hectáreas de tierra de las que se dice dueño estarían siendo usadas para una explotación forestal ilegal. Sobre esto la policía rural dispuso el secuestro de madera y postes de quebracho, que estaban a punto de ser trasladados para su comercialización y están valuados en mucho dinero.


Antecedentes:

Saravia aparece involucrado en la venta de un motor robado perteneciente a la municipalidad de El Quebrachal. El grupo generador bombeaba agua potable, y estaba destinado a las familias rurales de los poblados San Miguel y Alto Alegre. También tiene otra causa de defraudación por retención indebida de una yegua pura sangre cuarto de milla que se negaba a devolver y explotaba de forma ilegal en carreras cuadreras. Ambas causas que se encuentran acumuladas ya fueron elevadas a juicio y se espera que el Juzgado de Metán fije la fecha de debate. En el caso de la Yegua “Histórica Special” el fiscal de Anta tuvo que apartarse para que el animal sea devuelto y Saravia llegue a juicio.

La protección judicial para Saravia se evidenció en los casos mencionados. Nunca lo detuvieron como se habría hecho con cualquier pobre ladrón de gallinas e hijo de vecino. En la causa del robo del motor de la municipalidad reconoció que se lo vendió a su tío Claudio Albaizeta. Cuando la policía encontró el motor en la finca dejó de depositario judicial a un empleado. Saravia reconoció que esa noche fue a la finca y lo cargó al motor pese a que estaba bajo secuestro judicial. Lo dejó en el Quebrachal. Luego compartió carreras cuadreras con el fiscal Gonzalo Gómez Amado ese mismo día en Tucumán. El Tribuno publicó esa vez una nota donde sostiene que Saravia sería ladero del diputado Pedro Sandez con fuertes influencias en el poder judicial anteño. También en el medio sostenían lo que es vox populi en Anta, que “los cargos del Ministerio Público y la Justicia departamental se estructuraron, a través de concursos y nombramientos a dedo, para garantizar impunidad a las tropelías que se reiteran con tierras, propiedades y bienes, tanto públicos como privados, en el sudeste salteño”.

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