Tras la muerte de un detenido, presumiblemente en el interior de un furgón carrozado de la Policía de la Provincia, se conocieron detalles testimoniales de los últimos minutos de vida del joven y, sobre todo con precisión meridiana, los detalles de un procedimiento que tiene características de ilegal.

Pero no solo eso aportaron la madre y la tía de la víctima, sino detalles escalofriantes acerca de la calidad profesional del personal interviniente, tres de los cuales están procesados en causas penales gravísimas, superiores en cantidad y mérito antijurídico que las que le endilgaron a la víctima.

En ese orden de cosas la madre del joven Gallardo, Alicia Salas, dijo ayer que en la mañana declaró Norma Guzmán, la propietaria de la casa en la que ingresó Gallardo huyendo de la policía.

La mamá dijo al respecto: “Ella declaró que intentó cerrar la puerta para que los policía no ingresen, pero que a patadas la abrieron, lo tomaron del cuello al joven y lo sacaron a la calle a la rastra”. Luego dijo claramente que Gallardo hizo lo imposible para que no lo metieran en el furgón carrozado. La testigo aseguró que uno de los policías incluso la llegó a golpear a ella por intentar defender la vida del joven arrancado sin orden judicial de su domicilio.

Dijo que escuchó que uno de ellos le dio la orden de “hacerlo cagar”. La mamá recordó lo que está escrito ya en el expediente y dijo que Guzmán afirmó que durante 20 minutos el joven recibió golpes que arrancaban alaridos, que fueron grabados. Pedidos por su madre, súplicas agónicas que terminaron en el silencio de la muerte.

Ahí la testigo dijo -aseguró Salas- que rápidamente los policías salieron de la caja carrozada, se subieron a los móviles y salieron a toda velocidad.

La testigo habló de tonfas, como elemento de tortura.

La madre dijo que el cadáver de su hijo tenía el ojo reventado, hundimiento de cráneo y evidentes signos de tortura letal, aplicada con intenciones de lograr el resultado de muerte y que una vez concluida la tarea, se bajaron y huyeron con el cadáver de su hijo. Huyeron -dijo- porque recién a las 12 la anoticiaron. Estuvieron maquillando todo, incluso la autopsia y obviamente buscando testigos falsos para montar una hipótesis que diría que habían silenciado a un demonio.

Pero hoy vimos los antecedentes de los policías detenidos -dijo- , descubrimos dónde está el demonio: tres de ellos afrontan procesos con elevación a juicio por causas como lesiones, amenazas con arma de fuego, vejaciones, violencia de género en distintos hechos.

Seguramente con el aval de la Justicia y de la fuerza policial, a pesar de esos antecedentes descalificantes, estaban custodiando el orden y resguardando los bienes de los ciudadanos. No había derecho de matarlo así, ahora no sabemos si había orden superior de hacerlo. Quizá sí, porque ahora ellos gozan incluso de semilibertad, dos con domiciliaria y dos detenidos en la sede del 911.

En tanto la tía de Gallardo Adelina Salas dijo que nadie se acercó a la familia. “Tuvimos que pagar 28.000 pesos por el sepelio de mi sobrino, juntando moneditas entre la familia y la pobreza de finca Independencia. Cristian dejó dos hijos huérfanos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados, vamos a clamar por una cadena perpetua o, en su defecto, la sumatoria de todas las condenas por los diversos delitos y que purguen 35 años de prisión. Sabemos que quieren dibujar otra escena con un testigo falso. Ese hombre dijo que estuvo en todo el procedimiento, pero no fue visto por ninguna de las personas que intervinieron en los incidentes. Si estuvo ahí, debe estar detenido por su participación en los hechos”, dijo.

La carátula no refleja verdad

Consultado por nuestro medio el abogado de la familia, Rodrigo Escovar, dijo que “los testigos de los incidentes previos mostraron a las claras un procedimiento irregular. Las pruebas de los audios y de los videos son concluyentes, además de contestes con la versión de los testigos presenciales. Dijo que el joven jamás fue asistido médicamente y eso demuestra que murió antes de llegar a la comisaría. No estaba enfermo y tenía solo 23 años. Sabemos que hay un testigo que dijo haber presenciado incluso una caída de la víctima y un golpe accidental en la cabeza que no vieron los forenses. Si mintió, vamos a pedir cárcel para él. Urge una nueva autopsia”, dijo

Igualdad ante la ley 

Para la familia de Cristian Gallardo y el abogado querellante las medidas adoptadas hasta el momento abren una grieta entre el tratamiento de unos y otros.
La mamá de la víctima dijo que “si nuestra familia hubiera ingresado a una vivienda a sacar un policía y matarlo dentro de un vehículo, ¿nos habrían dado la domiciliaria? Con todos nuestros antecedentes podríamos ser policías. Cómo los forenses no vieron las lesiones que a simple vista mostraban una tortura mortal. ¿Cómo esta gente con procesos penales estaban en servicio?”. Y agregó que desde la fiscalía no están tomando los recaudos necesarios para garantizar la investigación, ya que al otorgar la prisión domiciliaria los policías se pueden fugar o entorpecer la investigación.

 

 

Fuente: El Tribuno

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